La compatibilidad entre las pensiones por incapacidad y el trabajo ha sido el tema central de una sesión del Consejo Social y de Participación (CSiP), que ha reunido a expertos jurídicos, representantes de entidades y profesionales de Guttmann Hospital de Neurorehabilitación para abordar uno de los principales retos en materia de derechos de las personas con discapacidad.

La sesión ha contado con la participación de Ricardo Esteban Legarreta, catedrático de Derecho del Trabajo y decano de la Facultad de Derecho de la UAB; Miguel Arenas Gómez, profesor de la UOC, así como la mayoría de asociaciones que forman parte del Consejo Social como Antonio Reyes, presidente de Aspaym Catalunya; y Montse Font, presidenta de ASEM Catalunya, que han analizado y querido aportar sus opiniones respecto a las implicaciones jurídicas, sociales y personales del marco actual.

Durante las intervenciones, se puso de manifiesto que la interpretación restrictiva de la compatibilidad entre pensión y trabajo supone, en palabras de los participantes, "un retroceso en materia de derechos", al limitar las oportunidades laborales de las personas con discapacidades severas.

Los ponentes destacaron que muchas personas con discapacidad pueden desarrollar actividades profesionales si disponen de los soportes adecuados, y que trabajar es clave para su autonomía, inclusión social y bienestar. En este sentido, se subrayó la necesidad de superar modelos centrados en las limitaciones y avanzar hacia un enfoque basado en las capacidades y ajustes razonables.

También se alertó del impacto que la situación actual puede tener en la vida de las personas, puesto que "el miedo a perder la pensión" puede desincentivar el acceso al trabajo y generar inseguridad jurídica.

El debate evidenció un amplio consenso sobre la necesidad de impulsar una reforma legislativa que aclare el marco normativo, actualice los conceptos de incapacidad y garantice la compatibilidad entre pensión y actividad laboral, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

La sesión concluye con un llamamiento a avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo que asegure el derecho al trabajo, la seguridad económica y la plena participación social de las personas con discapacidad.

Este debate se enmarca en el enfoque de derechos humanos que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en especial en su artículo 27, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones y con los apoyos y ajustes razonables necesarios. También conecta con el artículo 28, relativo al derecho a la protección social ya un nivel de vida adecuado, así como con los principios de autonomía, inclusión plena e igualdad de oportunidades recogidos en los artículos 3 y 5. En este sentido, los participantes subrayaron la necesidad de avanzar hacia un marco normativo que no penalice el acceso a la ocupación social y la garantía de la ocupación social, sino que garantiza el acceso al empleo social, sino que garantiza el acceso al empleo social y la garantía de la misma.